Por José López Zamorano

Para La Red Hispana

Se ha convertido en un lugar común que el presidente Donald Trump extraiga del libro de la nostalgia las elecciones presidenciales del 2016 y la manera en que se impuso a Hillary Clinton en el Colegio Electoral. Lo hizo durante su reciente reunión con Vladimir Putin en Finlandia, como una manera de esquivar las preguntas sobre la papa caliente de la injerencia rusa en los comicios presidenciales.

En todos los casos el presidente omite un dato crucial de las elecciones del 2016: que perdió el voto popular ante Clinton por unos 3 millones de votos, a pesar de lo cual se ha conducido en la Casa Blanca y ha implementado políticas controvertidas como si tuviera un mandato inequívoco de gobernar sólo a favor de aquellos que votaron por él y de atacar sistemáticamente a las minorías tradicionalmente demócratas.

La Constitución de los Estados Unidos ha sido desde su promulgación objeto de un reconocimiento universal por el sistema de pesos y contrapesos que idearon los llamados Padres Fundadores para dividir al gobierno en tres ramas capaces de limitar los poderes entre sí. El poder legislativo hace las leyes; el ejecutivo las ejecuta y el judicial las interpreta.

Si como decía el escritor Oscar Wilde, la imitación es la más sincera expresión del halago, el sistema de pesos y contrapesos ha sido literalmente plagiado, con matices, en muchas de las democracias del mundo, aunque los resultados no siempre han sido similares en cuanto a la gobernabilidad democrática.

Pero el tema viene a colación a raíz del escándalo global por la indignación que ha causado la política migratoria de tolerancia cero y la separación de familias. Aunque legisladores individuales, tanto republicanos como demócratas, han cuestionado en lo personal las acciones del presidente, el Congreso como institución no ha hecho su trabajo.

No sólo fue incapaz de lograr un consenso hacia dos proyectos migratorios recientes, sino que no ha sido capaz de tramitar una iniciativa individual que subsane el daño infringido a menores inocentes y que dote de un sentido de humanismo y dignidad a la política migratoria, especialmente en cuanto al proceso de asilo.

Pero a pesar del vacío legislativo, el sistema ha funcionado hasta el momento gracias al poder judicial. Han sido los tribunales los responsables de acotar el ejercicio imprudente del poder presidencial. Lo habían hecho con sus vetos migratorios iniciales y lo han confirmado echando abajo la política de tolerancia cero y reunificado a menores con sus padres.

Las elecciones de noviembre están a la vuelta de la esquina y quien crea que deba mantenerse la actual correlación de fuerzas en el Congreso seguramente vive en alguna de las realidades alternativas que coexisten en este país desde enero del 2017.

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